La descarbonización profunda para lograr cero emisiones netas de CO2 en América Latina y el Caribe es algo técnicamente factible y podría traer consigo enormes beneficios sociales, económicos, de mejora en la calidad del aire y la biodiversidad. Sin embargo, para superar los grandes retos existentes es necesario planificar. Las estrategias a largo plazo (LTS) consagradas en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático pueden ayudar a la hora de estructurar los paquetes de políticas necesarios para superar estos retos, así como en el logro de los objetivos climáticos y las prioridades del desarrollo simultáneamente. El proyecto de Rutas de Descarbonización Profunda de América Latina y el Caribe (DDPLAC), apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Plataforma Pathways 2050, gestionado por IDDRI, ha sido diseñado para ayudar a generar capacidad local de investigación en el diseño de LTS sobre la base de datos científicos sólidos y para aportar datos en los diálogos políticos nacionales. Ha reunido a equipos de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú con el objetivo de desarrollar capacidad de generación de modelos de desarrollo energético y de uso de la tierra, crear una comunidad de modelaje, dar forma a escenarios ya existentes de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y desarrollar rutas de descarbonización profunda basadas en datos científicos sólidos, impulsadas por los países y que sean coherentes con el Acuerdo de París y las prioridades socioeconómicas locales. El proyecto ha jugado un importante papel en los procesos de participación de tomadores de decisión y otro tipo actores, en la elaboración de LTS, así como de políticas complementarias coherentes con el Acuerdo de París. Un nuevo informe del proyecto DDPLAC publicado hoy expone las principales recomendaciones de política de este proyecto.
Para lograr el objetivo central del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a +1,5-2ºC por encima de los niveles preindustriales, es fundamental que para mediados de siglo hayamos logrado cero emisiones netas de CO2, así como una importante reducción de otros gases de efecto invernadero (GEI).
Las transformaciones físicas clave necesarias para alcanzar estos objetivos son:
- Electrificación mediante fuentes de energía bajas en GEI, todos los sectores factibles como vivienda, industria ligera o transporte urbano e interurbano personal.
- Cambiar el modelo de transporte a un transporte no motorizado y al uso de vehículos eléctricos de alta utilización apoyados por la planificación urbana; reducción de la mayor parte de la extracción de combustibles fósiles nuevos y existentes.
- Intensificar las actividades agropecuarias bajas en carbono de la mano de una reducción de la deforestación y el aumento de la aforestación. Lo anterior, posibilitado por dietas reducidas en carne. .
La mayoría de las tecnologías necesarias (especialmente en el transporte, construcción y producción de electricidad) ya son una realidad, han sido probadas y se abaratan rápidamente gracias a la economía de escala global y a la innovación. Serán necesarios combustibles alternativos de cero emisiones de carbono, como el hidrógeno o los biocombustibles sostenibles, para el transporte, la aviación y parte de la industria pesada. Todo lo indicado anteriormente requerirá de políticas en todos los sectores de la economía como las siguientes: reducción de los subsidios a los combustibles fósiles y que el precio de la energía refleje la intensidad de carbono, medidas para guiar la generación eléctrica hacia soluciones de GEI cero, estándares que fomenten la electrificación del uso final y la inversión en infraestructuras de recarga, así como estándares de rendimiento GEI de uso final, todo ello acompañado de políticas complementarias apropiadas.
Todo esto es técnicamente factible en América Latina y tendría importantes beneficios, incluyendo la creación de 15 millones de nuevos trabajos para 2030. El caso de Costa Rica, donde alcanzar las emisiones cero supondría 41.000 millones de dólares de riqueza para 2050, muestra como la descarbonización también puede venir acompañada de beneficios económicos netos.
Sin embargo, es cierto que existen retos. La pandemia de la COVID-19 ha golpeado muy fuerte la región, hay necesidades energéticas y de transporte que están creciendo, las condiciones de gobernanza del uso de la tierra suponen un reto, muchos gobiernos dependen fiscalmente de los ingresos del gas y del petróleo y puede que sea difícil encontrar financiación. El Acuerdo de París, de forma intencionada, establece claramente que será responsabilidad de cada país definir su contribución al esfuerzo de reducción de emisiones globales y cómo alcanzarlo, y que buena parte del impulso para lograr este objetivo depende de ellos.
La mayoría de los compromisos de emisiones a corto plazo de los países en el marco del Acuerdo de París carecen de ambición, tanto en objetivos de emisiones absolutas para 2025-2030, como en una articulación clara de las transformaciones, sectoriales, tecnológicas y estructurales que las sustentan. Las LTS y su proceso de creación pueden ayudar a alinear los objetivos de emisiones a corto y largo plazo, así como a trazar una ruta de acciones inmediatas que los gobiernos deberían tomar para iniciar la senda de cero emisiones. De esta manera, las actualizaciones de la NDC pueden alinearse con estos objetivos a largo plazo y generar paquetes de políticas internas para lograr los objetivos climáticos de París, al tiempo que se alcanzan otras prioridades de desarrollo. Con sus prioridades nacionales claras, los países también pueden identificar sus brechas de capacidad y otros aspectos en los que se requiera cooperación internacional.
Evaluar los objetivos de emisiones a corto plazo a través del prisma del objetivo de cero emisiones a largo plazo, también puede ayudar a guiar las decisiones de inversión de los gobiernos y, puede ser instrumental para evitar aquellas inversiones que, por su vida útil, comprometan la generación de emisiones futuras por encima de lo permitido por la ciencia ("lock-in" en inglés).. Para la mayoría de los sectores, introducir tecnologías de bajas emisiones (con un coste de capital inicial más alto pero con costes de ciclo de vida más bajos) en el mercado, requiere un cuidadoso diseño de políticas y normativa. Para cubrir las necesidades económicas de generar las nuevas infraestructuras de transporte y energía, el principal reto será redirigir los flujos ya existentes hacia inversiones limpias y alejarlos de las infraestructuras energéticas de alta intensidad de GEI (gas natural, petróleo o carbón).
Dado el papel de la electrificación limpia en el transporte privado, la industria ligera, la vivienda y el comercio, la generación de electricidad y la intensidad de GEI a nivel nacional se deberían alinear cuanto antes con el objetivo de cero emisiones. Teniendo en cuenta el ciclo de vida de las plantas de generación eléctrica, esto se traduce en exigir, mediante políticas apropiadas para cada país, emisiones muy bajas o cero a todos los generadores de electricidad. La planificación para esta necesaria descarbonización del sector eléctrico, debe tener en cuenta las características específicas de las nuevas fuentes de energía (variable eólica y solar), la disponibilidad de fuentes de generación y almacenaje, así como políticas complementarias que fomenten la eliminación de los combustibles fósiles, al tiempo que minimizan el abandonamiento prematuro de activos y sus consecuencias socioeconómicas.
Otro aspecto crucial para alcanzar la carbono neutralidad, será la reducción de la deforestación y el incremento de la aforestación. Para algunos países, esto no es sino un tema de voluntad política interna que requerirá la aplicación de normas ya existentes y la creación de nuevos derechos de uso de la tierra, especialmente para los pueblos indígenas El apoyo internacional en este sentido también puede ser muy útil.
Esta transformación necesaria tendrá importantes impactos positivos y negativos sobre los ingresos gubernamentales: los ingresos volátiles provenientes de la producción de combustibles fósiles caerán, aunque los subsidios a los combustibles fósiles también deberían reducirse. El desarrollo de las LTS puede ayudar a identificar prioridades de reforma fiscal, de inversión y de políticas que puedan facilitar un equilibrio más eficaz de ingresos gubernamentales netos y reducir la presión de la balanza de pagos, aumentando la independencia energética en algunos casos. Más aún, los altos niveles de desigualdad social en América Latina y el Caribe y la exposición de la población más vulnerable a los riesgos de la transición y el cambio climático, conlleva el diseño de estrategias específicas para asegurar una transición justa.
Para iniciar estas importantes transformaciones, es fundamental crear un consenso entre todos los actores implicados, incluyendo aquellos que van a llevar buena parte del peso de los cambios estructurales o se van a ver gravemente afectados por los mismos, y revisar los marcos de política y de regulación existentes, para que sean consistentes con el logro de cero emisiones. La política para la inversión física en electrificación general y transporte limpio debe empezar lo antes posible. Realizada correctamente, la transición puede aportar 15 millones de trabajos netos en la región para 2030 y generar beneficios por valor de varios puntos porcentuales del PIB, tan solo evitando la actual pérdida de productividad causada por los atascos o los costes sanitarios debidos a la contaminación, lo que, con suerte, aceleraría la recuperación de la crisis de la COVID-19.
Aquí podrás leer más sobre las lecciones de política de la DDP-LAC y aquí sobre los resultados resumidos y los informes de país individuales.
