El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España: desafíos claves para su implementación

Fuente: adaptado de Presidencia del Gobierno (2020: 56).* las cifras han sido redondeadas.

Los fondos serán desembolsados en los próximos dos años, con 72.000 millones de euros en ayudas directas que se espera que comiencen a llegar en abril de 2021, extendiéndose hasta 20237 . En principio, los fondos de recuperación no podrán utilizarse más allá del 2026, por lo que su uso oportuno será clave para España. Además, el 50% de los mismos serán gestionados por los Gobiernos de las autonomías, lo que convierte a la capacidad de absorción e implementación autonómica en una cuestión crucial para el éxito de la recuperación y transformación del país promovida por la UE.

Si bien la valoración inicial de este plan es positiva, tanto por su potencial efecto económico, su ambición medioambiental y social, así como por su alineación con el Pacto Verde de la UE, subsisten ciertas dudas sobre el plan definitivo, que se espera que se publique a comienzos de 2021. En primer lugar, España aún debe aprobar sus Presupuestos Generales del Estado, a través de los cuales se anticiparán en 2021 27.000 millones de euros de las ayudas directas de la UE. En segundo lugar, no queda clara la capacidad de España para absorber tales cantidades de fondos en un periodo de tiempo relativamente corto. En tercer lugar, subsisten dudas en torno a la gobernanza de dicho plan en un sistema institucional tan altamente descentralizado como el español. En cuarto lugar, será necesario estructurar adecuadamente la colaboración con el sector privado (especialmente con las pymes, que suponen más del 99% de las empresas españolas)8 9 ,  pues algunos representantes del mismo han expresado su preocupación por la limitada información que han recibido hasta la fecha por parte del Gobierno. En quinto y último lugar, el Gobierno se verá obligado a implementar reformas económicas potencialmente impopulares, que afectarán a sectores como la educación, el sistema de I+D, el sistema fiscal, el mercado laboral, el sistema de pensiones y la administración pública.  Es más, estas reformas políticamente costosas deberán ser implementadas en un contexto político altamente polarizado10 .

Con respecto a asegurar la capacidad de absorción y correcto uso de los fondos, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye varias iniciativas de gobernanza y control. Entre estas se incluyen: el establecimiento de una Comisión de Recuperación, Transformación y Resiliencia (con un Comité Técnico), vinculada a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y encabezada por la ministra de Asuntos Económicos; una unidad de seguimiento para impulsar una absorción eficaz de los fondos de la UE; control parlamentario sobre la ejecución y resultados del Plan; y la adopción de un Real Decreto-Ley para suprimir las barreras a dicha absorción de fondos. En cuanto al fomento de la colaboración público-privada, y con la expectativa de que las inversiones privadas cuadripliquen la suma de fondos públicos destinados a la recuperación, impulsando con ello la financiación privada de la transición hacia un modelo de bajas emisiones de carbono, se están estableciendo ya varios organismos consultivos con actores no gubernamentales. Adicionalmente, con el fin de mejorar la coordinación entre Gobiernos autonómicos y locales, se va a reactivar la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, dirigida por la ministra de Hacienda.

En claro contraste con lo ocurrido tras la crisis financiera global de 2008, España se encuentra ahora significativamente más preparada para la transición a una economía con bajas emisiones de carbono.  Institucionalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) concentra responsabilidades sobre política energética y climática, facilitando así la integración y coordinación en la materia. El Gobierno de España publicó en 2019 su Agenda del Cambio, dónde se analizan las fortalezas y debilidades de la economía española y dónde se engrana la política económica hacia la sostenibilidad medioambiental y social, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible11 . La ambición de España en la cuestión climática se ha visto reflejada en una impetuosa oleada normativa en pro de la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono que ha sido reconocida y muy celebrada por la UE. La legislación relacionada con el clima (tanto iniciativas parlamentarias como del ejecutivo) incluye, entre otras cosas: un ambicioso Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia de Transición Justa y la recientemente publicada Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo12 . Esta oleada de iniciativas demuestra que España tiene clara la hoja de ruta de la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

En resumidas cuentas: la estrategia de España combina una clara hoja de ruta hacia la transición energética, en línea con el Pacto Verde de la UE, un ambicioso programa de reformas económicas y varios mecanismos institucionales para promover la capacidad de absorción de fondos. Un plan de recuperación, transformación y resiliencia bien desarrollado y ejecutado podría ofrecer a España una oportunidad única de acelerar sus planes de descarbonización y de mejorar su contribución a los objetivos de neutralidad climática de la UE, mientras se promueve la recuperación económica tanto de España como de Europa.