Después de nueve meses de trabajo, los 150 ciudadanos de la Convención Ciudadana sobre el Clima acaban de presentar sus propuestas al ejecutivo para que Francia reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% de aquí a 2030, en un espíritu de justicia social. Esta experiencia sin precedentes, demuestra que es posible lograr que los ciudadanos se apropien de la complejidad técnica de los temas y comprendan las controversias políticas subyacentes para dar a conocer sus opiniones. Su movilización y compromiso a lo largo de todo un proceso, marcado por muchos obstáculos inesperados (huelgas, la crisis de Covid, etc.), demuestran que este tipo de ejercicio participativo altamente exigente puede funcionar. La calidad del diálogo y el debate en el seno de la Convención también demostró la capacidad de los ciudadanos para confirmar las esperanzas depositadas en su deliberación colectiva. Por último, el trabajo y los resultados producidos muestran que una vez formados e informados sobre los desafíos climáticos, un grupo diverso de ciudadanos puede presentar propuestas que estén a la altura de lo que está en juego.
Un ejercicio que cumple sus promesas
Y sin embargo, su misión era desafiante. El mandato que se les dio de trabajar en un escenario para alcanzar una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 fue muy amplio y ambicioso, y supieron interpretarlo manteniéndose dentro del marco. Así pues, podemos ver que, por necesidad de coherencia global, han integrado en su pensamiento una dimensión internacional que da sentido a la acción de Francia, así como a temas no climáticos como la biodiversidad.
La calidad del trabajo realizado justifica así un examen muy serio de las perspectivas que se abren en cuanto a la consolidación y el enriquecimiento de nuestros sistemas democráticos mediante un componente más participativo; oportunidades que para algunos tienen mucho potencial y para otros, pueden ser desalentadoras e incluso preocupantes.
Un conjunto coherente y ambicioso de medidas de transición
Una crítica es que la Convención no ofrecería algo novedoso. Sin embargo, el principal desafío no era inventar nuevas soluciones. Los ciudadanos comenzaron por escuchar a las partes interesadas y a los expertos, a fin de identificar y comprender las medidas que ya se estaban debatiendo en los diferentes sectores. En el marco de este ejercicio, se preguntaban a menudo por qué no se aplicaban medidas más ambiciosas y necesarias, contribuyendo así al retraso de Francia en el cumplimiento de sus objetivos de reducción. Sobre esta base, su trabajo se centró lógicamente en los medios para llevar a cabo esta ambición: ¿qué elementos faltan y qué condiciones son necesarias? ¿Cómo se pueden combinar?
El valor de su trabajo, por lo tanto, no reside en otra parte sino en la búsqueda de la innovación. Por una parte, subrayaron que la aceleración de la transición a un nivel bajo de emisiones de carbono va más allá de la política energética y climática y requiere profundas transformaciones a nivel de nuestra sociedad. De este modo, los ciudadanos dan testimonio de su conciencia de la "necesidad urgente de un cambio profundo en la organización de nuestra sociedad y nuestros modos de vida"1 para hacer frente a la crisis climática (reflexión sobre la cuestión del trabajo, los modelos económicos y de consumo, la alimentación, los estilos de vida, etc.). Por otra parte, es importante subrayar que este enfoque experimental ha dado lugar a medidas ambiciosas, fuertes concesiones que van más allá de las recientes concesiones políticas para acelerar la transición ecológica, cumpliendo una de las expectativas depositadas en ellos. Las críticas y reacciones, a veces destructivas, también muestran que los ciudadanos han logrado ir más allá de un consenso débil, lo que constituye un riesgo asociado a este tipo de ejercicio.
El uso frecuente del registro reglamentario ya ha dado lugar a un debate sobre el enfoque favorecido por los ciudadanos, por lo que es importante examinar cómo se moviliza este instrumento. En el sector de la construcción, los ciudadanos proponen en primer lugar un enfoque sistémico que combina el refuerzo de la formación de los profesionales del sector, la información con el despliegue de una red armonizada de ventanillas únicas, el apoyo financiero progresivo con un saldo a pagar reducido para los hogares modestos, mucho antes de la aplicación de la obligación de renovar a largo plazo. La obligación es, pues, ante todo un horizonte, para poner en marcha a los actores, proponiendo al mismo tiempo medidas que les den margen de maniobra y medios de acción. De la misma manera, los ciudadanos han utilizado los debates relacionados con los "Etats généraux de l'alimentation" y la reforma de la Política Agrícola Común como punto de partida para indicar el conjunto de medidas que deben adoptarse con respecto a la información de los consumidores, las adquisiciones públicas, las negociaciones en sectores o la construcción de sectores como el de las proteaginosas, y las políticas directamente destinadas a acompañar el cambio para los agricultores.
Esta necesidad de una respuesta sistémica explica por qué el número de medidas propuestas es tan grande. Según los ciudadanos, es la única manera de conciliar la ambición del mandato con la necesidad de encontrar formas concretas de implementación, dando al mismo tiempo una intención, una dirección. ¿Cómo podemos asegurarnos que no se pierdan en proceso de implementación política?
¿Qué seguimiento a las propuestas de los ciudadanos?
Para aprovechar al máximo estas propuestas y evitar que ciertas medidas emblemáticas, objeto de acalorados debates, se lleven la atención y eclipsen la riqueza de todo el ejercicio, es imperativo organizar los próximos pasos de manera que se pongan en marcha los cambios normativos, legislativos o constitucionales propuestos por la Convención, lo que implica necesariamente al Gobierno, al Parlamento y a la sociedad civil.
En cuanto a la forma, la Convención recomienda medidas complementarias de seguimiento. El punto que llama la atención es, por supuesto, el referéndum: los ciudadanos han optado por un referéndum limitado que puede servir para movilizar a toda la sociedad e iniciar un debate simbólico sobre la modificación de la Constitución y la introducción del delito de ecocidio. El hecho de limitarse a esta elección, que dio lugar a intercambios muy interesantes de argumentos contradictorios entre los ciudadanos en el momento de la votación, puede interpretarse como una forma de cautela y un deseo de evitar los estragos que podría causar un referéndum más amplio. Si, por el contrario, los ciudadanos hubieran seleccionado las ideas más controvertidas para someterlas a referéndum (por ejemplo, la obligación de renovar o la regulación de la publicidad), se habría perdido la coherencia del ejercicio en su conjunto y la sociedad se habría visto privada de un debate más matizado sobre el mismo. Además, las cuestiones planteadas por el referéndum podrían haberse desviado por el contexto político o por la inevitable simplificación del debate, a pesar de que los ciudadanos hubieran comprendido la complejidad de los temas en juego.
En consecuencia, la Convención deja un amplio margen para que el Gobierno y el Parlamento inicien la labor legislativa y respondan a sus recomendaciones. Sería lógico que gran parte de las medidas se presentaran ante el Parlamento. Es un paso necesario para que las medidas estructuradas tengan un impacto en el derecho vigente, como la obligación de renovar, o para precisar la implementación de ciertas vías cuya intención está claramente establecida pero que a veces requieren aclaración. También responde al deseo expresado varias veces por los ciudadanos en sus debates de demostrar que la Convención es una iniciativa que complementa los procesos democráticos existentes y no pretende sustituirlos. Pasar medidas a los parlamentarios es también una forma de pasar el relevo a los ciudadanos para tener un debate más amplio. Muchos actores ya están pidiendo un debate nacional, basado en el trabajo de los ciudadanos, en paralelo al examen de sus propuestas por el poder legislativo. Los propios 150 ciudadanos lo piden y han formado una asociación para seguir presentando sus propuestas. Esta labor de seguimiento podría continuar movilizando a las instituciones recientemente creadas, en primer lugar mediante revisiones periódicas en el Consejo de Defensa Ecológica, para que la transición se apoye en los motores de la ambición propuesta por los ciudadanos. En cuanto al Consejo Superior del Clima, queda por ver cómo tomará el relevo, pero está claro que este órgano de expertos no puede ignorar la labor de la Convención. Podría, por ejemplo, junto con otros órganos o la sociedad civil, ocuparse de cuestiones de evaluación ambiental y económica de las medidas.
Por último, también será necesaria la apropiación y el relevo por parte del conjunto de la sociedad, del mundo político, el mundo económico y la sociedad civil organizada. Al proponer opciones sólidas, la Convención ha logrado relanzar un debate social necesario sobre la transición ecológica, justo en el centro de los planes de recuperación y la salida de la crisis. A este respecto, la Convención de los Ciudadanos también cumple parte de sus objetivos.
- 1Ver la introducción del informe final https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf
